El trabajo se inspira en la legislación francesa, según ha avanzado Jaime Durán Navarro, coordinador del grupo de legislación microfinanciera española y codirector del foro que sobre microfinanzas se celebró el pasado viernes  en Valladolid, como prólogo de la Cumbre Mundial del Microcrédito que acogerá esta capital en noviembre.

Según la documentación facilitada sobre las líneas que dibujarían esta propuesta legislativa, estos microcréditos serían de como máximo 20.000 euros en el caso de que se dirijan a micronegocios, en la línea de los países del entorno español, y de 5.000 en los casos en los que se dirija a personas en riesgo de exclusión social.

 Los prestatarios potenciales, según las primeras conclusiones de este grupo legislativo, deberán ser españoles o extranjeros residentes que acrediten unos ingresos que no superen dos veces el salario mínimo interprofesional, en el caso de los mciroemprendedores, y 500 euros en los otros casos.

Aunque las cajas de ahorro han desarrollado una labor muy importante, a través de su obra social, ahora hace falta evolucionar, y contar con “una legislación que permita la aparición de las instituciones microfinancieras para que las microfinanzas tengan un mayor alcance social y tengan mayor poder para crear microempresas y desarrollar un espíritu emprendedor”, tan necesario en la actualidad en España, según ha referido Durán a los medios.

Se trata de un trabajo de todo el sector, que está haciendo un ejercicio “muy saludable de democracia porque es la primera vez que un sector trabaja el mismo para proponer su legislación”, con una preocupación común, que “las microfinanzas puedan llegar a los que más lo necesitan en España”.

El planteamiento español “se está inspirando mucho en la legislación francesa”, y en el grupo de trabajo está también el “Fondo Social Europeo, de manera consultiva, para que la legislación sea acorde a las directrices europeas y esas instituciones microfinancieras puedan tener acceso a fondos europeos para trabajar”.

El objetivo, según Durán, es que las oenegés, “que están mucho más cerca de los beneficiarios y tienen una vocación social, puedan dar microcréditos y puedan acceder a microfinanciación, aunque eso no excluye a las cajas de ahorro, que lo están haciendo a través de su obra social”.

No se trata sólo de dar el crédito a los parados de larga duración, mujeres víctimas de la violencia, expresidiarios o emprendedores que quieran trabajar, sino que se les ofrecerá un “acompañamiento, seguimiento y formación”, en lo que se plantea como un “compromiso con las personas”, ha explicado el codirector de este foro que hoy se celebra en Valladolid.

“En Francia, cualquier persona en situación irregular, que no ilegal, por ejemplo una peluquera, por el mero hecho de recibir un microcrédito sería dada de alta como autónoma, y aunque no pagara las cotizaciones hasta que tuviera unos ingresos mínimos, esto les ha permitido acabar con el mercado negro”, ha planteado Durán.

Esto es lo que se quiere para España, “que la gente que quiera trabajar pueda hacerlo”, porque el país “necesita desarrollar el espíritu emprendedor para que el estado del bienestar se compense un poquito y la gente no sentada cruzada de brazos esperando”.