COMUNICACIÓN - NOTA DE PRENSA

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La Plataforma 2015 emite un comunicado expresando su apoyo al gobierno de Evo Morales tras la nacionalización de los hidrocarburos

COMUNICADO SOBRE LA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA

Madrid, 12 de mayo de 2006. El tratamiento que en diferentes medios españoles están dando a la reciente promulgación por parte del Gobierno boliviano del Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos es, cuanto menos, poco comprensible por dos razones principales:

En primer lugar, parece que se está olvidando que el Presidente Evo Morales Ayma llegó al poder en diciembre de 2005 gracias al voto del 54% de la población (un porcentaje sin precedentes, que jamás ha obtenido en Bolivia ningún otro candidato presidencial) y a dos promesas electorales muy claras, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. Ambas demandas provienen de la Agenda establecida por los movimientos sociales en Octubre de 2003, Mediante Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, el 70% del pueblo boliviano decidió democráticamente que el Estado recuperara la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país. No se entiende, entonces, porqué sorprende tanto una decisión que, simplemente, obedece al mandato que el pueblo soberano de Bolivia otorgó a su actual Gobierno.

En segundo lugar, cuando se escuchan o leen algunas opiniones publicadas, da la sensación de que la situación que, en estos momentos, puede estar enfrentando la empresa Repsol YPF es una cuestión de interés nacional. Que se sepa, los beneficios obtenidos por la citada empresa no benefician a los españoles como tal, ni al Estado o Comunidades Autónomas, sino, simplemente, a unos pocos empresarios y accionistas de dicha multinacional. A diferencia de Hacienda, Repsol “No somos TODOS”.

El Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos que tantas reacciones ha suscitado en el panorama internacional, responde a una voluntad firme de la ciudadanía democrática en ese país de América del Sur, que viene movilizándose intensamente desde el año 2000 , para recuperar el control de los recursos naturales nacionales. El proceso de desnacionalización de los hidrocarburos que el Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada acometió en la última década del siglo XX, por medio de la Capitalización (privatización) y de la Ley de Hidrocarburos, supuso para un país, donde la mayoría de la población es indígena y pobre, la consolidación de un Estado débil y sin autonomía financiera, incapaz de retener el excedente económico de la extraordinaria riqueza del gas, cuyo equivalente monetario ronda los 208.000 millones de dólares norteamericanos.

Por otra parte, no es la primera vez que un Gobierno nacionaliza los hidrocarburos de un país. Ejemplos hay varios. Desde que en 1960 se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, muchas naciones ricas en esa materia prima nacionalizaron total o parcialmente sus industrias petroleras. Se ha llegado a afirmar que el Decreto de nacionalización no favorece a nadie y mucho menos al pueblo boliviano. El que sean mayoritariamente pobres e indígenas no significa que no tengan el legítimo derecho a elegir el destino que quieren dar a las enormes riquezas naturales del país, unas riquezas de las que, a lo largo de la Historia, no han obtenido ningún beneficio. Y más cuando llevan tantos siglos sufriendo los impactos negativos de políticas y modelos económicos impuestos por el orden internacional, que nunca han supuesto una mejora de las condiciones de pobreza en las que vive más del 63% de la población boliviana.

Por último, es lamentable que asimismo se hayan hecho alusiones a la ayuda en materia de cooperación que España otorga a Bolivia, o a la condonación de la deuda, como si la coherencia y continuidad de estas políticas pudiesen llegar a depender de que este país siga permitiendo o no que las empresas españolas sigan enajenando los recursos naturales bolivianos.
La ayuda al desarrollo española deberá ser, en todo momento, ajena a intereses geoestratégicos, económicos o políticos de carácter bilateral y estar alineada con la doctrina internacional de erradicación de la pobreza, orientada a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a favorecer la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones excluidas. Dicha orientación estratégica está expresamente recogida por el Plan Director de la Cooperación Española 2004-2008, aprobado asimismo en el Congreso de los Diputados.

Principios que informan la coherencia y calidad de la ayuda oficial al desarrollo que hemos venido defendiendo las ONGD y que, como recoge la “Plataforma 2015 y más” en su Declaración de Principios, implica relegar “el interés del donante” como motivo de la cooperación. Recomendaciones que asímismo recoge el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, cuando señala la importancia de desvincular la AOD de la venta de bienes y servicios españoles.

La Plataforma 2015 y mas, está formada por las Organizaciones: Acsur – Las Segovias, Arquitectos sin Fronteras, Asamblea de Cooperación por la Paz, CEAR – Fundación CEAR, Cooperaccio, Economistas sin Fronteras, IEPALA, IPADE, ISCOD, MPDL, Paz y Solidaridad, PTM-mundubat y Solidaridad Internacional

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